Academia impulsa investigaciones para ayudar a resolver problemas públicos
Por: Jimena Cuevas
En México, las políticas públicas rara vez se diseñan a partir de un proceso de investigación profundo que permita tomar las mejores decisiones para la resolución de los problemas de la sociedad y esto ocurre, en parte, porque el tiempo de cada gobierno es limitado. Por esto, la Academia se ha propuesto impulsar sus investigaciones y difundirlas para que los distintos gobiernos y los líderes políticos las tomen en cuenta a la hora de definir e implementar sus políticas sociales.
Pensando en esto, la Universidad de Monterrey y El Colegio de México crearon el Premio Nacional de Políticas Públicas que se entrega desde el año 2024 y que convoca en cada edición a estudiantes de licenciatura y posgrado, al igual que a maestros e investigadores del país, a presentar sus análisis, diagnósticos y propuestas de solución para diversos problemas públicos, tanto económicos como sociales, que aquejan al país.
En la primera convocatoria para este Premio participaron 71 trabajos académicos, de universidades públicas y privadas del país y de diferentes regiones, en dos categorías: Propuesta de Política Pública, en la que estudiantes y profesores analizan un problema público y plantean posibles soluciones al mismo, y la de Texto Académico, en la que participan estudiantes, investigadores y —a partir de su segunda edición— funcionarios de dependencias gubernamentales, en la que analizan un problema público o la manera como se implementaron soluciones al mismo o evalúan una determinada política pública puesta en marcha.
Seis de esos trabajos fueron premiados en marzo del año pasado, tres en cada categoría. Y estas investigaciones fueron compiladas en el libro I Premio Nacional de Políticas Públicas, que se realizó bajo la coordinación de la politóloga y doctora en Políticas Públicas Patricia Fernández Guajardo.
«El libro reúne las seis propuestas sobre política social en México que ganaron el año pasado en la primera edición del Premio Nacional de Políticas Públicas y lo hicimos con la intención de difundir estas investigaciones buscando que contribuyan a la reflexión y al debate, y también para que estas propuestas e ideas lleguen a quienes van a tomar las decisiones políticas en México», dijo Fernández Guajardo, actual directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey (UDEM).
«Estamos convencidos que debemos seguir impulsado las investigaciones sobre políticas públicas, pero también creemos que los hallazgos deben llegar a quienes van a implementar soluciones a los problemas públicos porque les ayudarán a encontrar aquellas más duraderas y que realmente beneficien a la mayoría de la población», agregó.
Para Fernández Guajardo, es necesario buscar canales de colaboración entre el sector público y la academia para desarrollar proyectos de políticas públicas de gran alcance porque, dijo, lo que sucede en realidad es que las administraciones tienen muy poco tiempo para llevar a cabo proyectos completos y eficaces.
«Normalmente, cuando los gobiernos crean políticas públicas están bajo muchas restricciones de tiempo. Las administraciones municipales solo tienen tres años y las federativas seis, y para crear una política pública necesitas: analizar el problema, hacer un diagnóstico, comprender todas sus aristas, plantear distintas alternativas, evaluar cada una de ellas y elegir la mejor. Y, difícilmente, los gobiernos tienen el tiempo suficiente, los recursos necesarios y la información que se requiere para todo esto en el tiempo limitado que tienen de gestión. Por esto, muchas veces los planes estatales se crean sin toda la evidencia necesaria o adaptando a veces, por ejemplo, estrategias gubernamentales que han sido exitosas en otros contextos, pero que podrían no serlo en nuestro país», afirmó la experta.
Y es aquí, dijo, en donde es importante establecer una colaboración estrecha entre el sector público y la academia, para que el conocimiento que los investigadores van generando sirva de soporte a quienes van a tomar las decisiones en el gobierno, para que puedan hacerlo basados en la ciencia, en evidencia, que ayude a encontrar e implementar soluciones efectivas para los problemas sociales.
«Los investigadores podemos contribuir muchísimo en soluciones para la pobreza, la inseguridad, la desigualdad, la migración, la movilidad y la gestión del agua, entre otros temas sociales que reclaman programas que realmente resuelvan estos problemas. Si una política pública se implementa sin evidencia o sustento científico corre el riesgo de resultar una política equivocada y discriminatoria «, afirmó la politóloga.
Las seis investigaciones que están contenidas en el libro (que ganaron el Primer Premio de Políticas Públicas) están relacionadas con la política social en México y plantean soluciones para el sistema de cuidados y la autonomía económica de las mujeres cuidadoras, para el tránsito migratorio seguro y la escasez del agua en Oaxaca, y analizan los efectos redistributivos y el impacto en la pobreza y la desigualdad de los programas de transferencias monetarias en México entre los años 2016 a 2022, el programa La Escuela es Nuestra y la política pública en relación con la desaparición de personas en Jalisco.
Este libro será presentado por su coordinadora Patricia Fernández Guajardo este lunes 13 de octubre, a las 5:00 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey.
En la Segunda edición del Premio, que se entregó este año, las investigaciones giraron en torno a la política de recursos naturales y los trabajos ganadores también se compilarán en un libro que próximamente saldrá al mercado, con la intención de darle visibilidad a estas propuestas y que puedan ser tenidas en cuenta en el momento del planteamiento de políticas públicas relacionadas con este tema.
La convocatoria para el III Premio Nacional de Políticas Públicas ya se abrió. Se recibirán, hasta el 11 de enero de 2026, investigaciones, análisis y propuestas de solución sobre migraciones (movilidad humana).
Para Fernández Guajardo, la iniciativa que tuvieron la Universidad de Monterrey y El Colegio de México de impulsar, a través de este Premio, las investigaciones para ayudar a resolver temas sociales que afectan al país coloca a estas instituciones primero en el debate académico sobre el estudio de las políticas públicas.
«Yo estoy muy feliz de que la UDEM le siga apostando a este Premio, porque para mí es un reconocimiento de que la Universidad se ve a sí misma como una institución con vocación de aportar al debate público, a la reflexión y al diálogo de los problemas públicos y de sus soluciones», dijo Fernández Guajardo.
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