El Poder Judicial: víctima del desdén de la oposición y la hipocresía de la “transformación”


Diana Tllez
Por: Diana Téllez, alumna de Ciencia Política y Gobernanza

Los días 10 y 11 de septiembre de 2024 serán recordados en la historia mexicana como un punto de inflexión. Se logró la aprobación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial en la Cámara de Senadores, la cual transforma la identidad del poder democrático como lo conocemos. Peleas, insultos y protestas se manifestaron durante todo el proceso, con el fin de evitar el proceso legislativo o –cuando menos– para buscar a los culpables de tan brusca distorsión al Poder Judicial.

A consideración propia, si queremos señalar a los culpables, hay que voltear la mirada hacia la oposición de 2018; la que, tras su derrota, no supo reponerse ni entendió la razón de su derrocamiento. En seis años, decidieron no hacer política. Prefirieron operar por inercia: dar siempre la negativa directa y sin escalas a cualquier proyecto del oficialismo. Renunciaron al debate y a la negociación. Tuvieron seis años, una elección intermedia, una campaña presidencial y unieron fuerzas. Pero ninguno de los tres “grandes e históricos” partidos políticos –“pilares” de la alternancia en México– lograron, al menos, la mayoría simple en alguna de las cámaras federales.

Me gustaría que nos quedará claro a todas y todos que este proyecto de reforma no es para nada nuevo. Fue una propuesta que AMLO incluyó en su campaña de 2018 y que se fue transformando a través de los años (primero vimos las disputas del Plan A y el Plan B) y triunfó con el Plan C. Esta reforma termina su camino y llega a ser lo que es hoy: una que transforma, modifica y trastorna la esencia del Poder Judicial como lo conocíamos. La oposición tuvo tiempo para actuar, presentar alternativas, reconstruir sus narrativas, recuperar curules locales y federales, alcaldías, gubernaturas y presidencia. Sin embargo, su avaricia y desidia nos costaron caro.

El oficialismo… claro que no se queda atrás. No me opongo a que la ciudadanía, a través de sus representantes, decida cuestionar el funcionamiento de los poderes y busque mejoras en éstos, con base en la soberanía que establece nuestra Constitución, según la cual nosotros, ciudadanas y ciudadanos, damos el poder a nuestros representantes para tomar decisiones a nuestro nombre. En sentido estricto, y siguiendo la teoría que muchos puristas han usado para refutar la reforma, el pueblo estuvo de acuerdo con ella en 2018 y 2024, eligiendo a sus representantes legislativos para que votaran a favor de la misma.

La cuestión aquí es ¿de verdad el pueblo “bueno” y los “conservadores” han comprendido las implicaciones de la reforma? A mi juicio, no. Al pueblo se le vendió una reforma que supuestamente busca mejorar la representación y la búsqueda de la justicia, pero la misma explicación redactada solo augura una politización y distorsión del sistema judicial. No estoy en contra de reformas que refuercen y mejoren las instituciones que nos protegen, pero sí de aquellas que, evidentemente, favorecerán al oficialista en turno. Este es el caso.

En la reforma se menciona una representación que, en teoría, reclamamos en los seis puestos que votamos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Mientras que para el Poder Judicial se requiere experiencia, conocimiento de causa, que conozcan lo que se interpreta, lo que nuestra Constitución avala y protege, y así lograr una justicia efectiva y rápida.

Los desplantes de poder vistos esta semana pasada, me dejaron asqueada, disgustada, preocupada y con un profundo sentimiento de impotencia. Como politóloga, me preocupa el estado de nuestra endeble democracia que ha costado décadas de sangre y sudor construir. Me preocupa que la ciudadanía, ya sea que se identifique con el oficialismo, con la oposición o ninguno, no termine de comprender las implicaciones que supondrán elegir a 11 de 30 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para nuestras instituciones. Me angustia la negativa, tanto de la oposición como del oficialismo, a buscar el diálogo, el acuerdo, a hacer política y ejercer la investidura democrática de la que gozan. Me apremia la búsqueda de justicia que la ciudadanía merece. Una que, cada vez más, parece alejarse hacia un horizonte desconocido.

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