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Juan Luis González Alcántara Carrancá (sentado al centro), ministro de la Suprema Corte de Justicia, ofreció una conferencia sobre la reforma al Poder Judicial en la UDEM. Foto: Cortesía

Reforma al Poder Judicial, oportunidad perdida: Ministro Alcántara Carrancá


Por: Diana Cecilia Téllez Salazar

La reforma al Poder Judicial, que fue propuesta en febrero pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y cuyo dictamen fue aprobado la madrugada de este 4 de septiembre por la Cámara de Diputados, pudo haber sido la oportunidad para mejorar el acceso a la justicia para millones de mexicanos y acabar con la ineficiencia de las Fiscalías, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“¿Por qué no mejor hacer reformas que verdaderamente sean necesarias para el Poder Judicial, como el hacer más sencillo el acceso a la justicia, que la profesión jurídica sea menos limitada y la mejora necesaria y urgente de las Fiscalías, que enfrentan escasez de recursos y graves casos de corrupción?”, se preguntó el ministro.

El jurista, que participó con la conferencia “Reforma Judicial, organizada por el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey (UDEM) el pasado 23 de agosto, lamentó que la reforma termine por politizar la impartición de justicia, en vez de mejorarla para el bien de los ciudadanos.

“(Esta reforma) no se trata de mejorar la eficacia, sino de castigar la desobediencia. No se trata de fortalecer a la institución, sino de someterla a los designios del poder político. No se trata de una mejora radical, sino de una venganza visceral”, afirmó el jurista, quien cuestionó la premura con la que esta iniciativa de ley ha sido tramitada.

“El tiempo que se dedicó al debate de la reforma fue demasiado breve como para permitir una reflexión serena y mesurada de la iniciativa. El debate se quedó corto”, sostuvo.

Para el jurista, la prisa con la que se debatió y, finalmente, se dictaminó la iniciativa no se trata de un descuido, sino que es parte del diseño que tuvo cuando fue planteada.

González Alcántara Carrancá aseguró que con esta reforma el Ejecutivo busca castigar y vengarse del Poder Judicial por no ser obediente a sus designios legislativos, por lo que ahora quiere imponer la obediencia y subordinación a un Poder independiente que, dijo, debe mantenerse así en un país que es democrático.

“Esta reforma es una total y completa transgresión a la división de poderes”, afirmó el Magistrado.

La reforma, que acaba de ser aprobada con 359 votos a favor y 135 en contra por el Pleno de la Cámara de Diputados y que pasará al Senado para su discusión y posible aprobación, propone la elección popular de jueces y magistrados, en vez del sistema actual, mediante el cual ocupan tales cargos como resultado de preparación académica y méritos.

De aprobarse la reforma en los términos planteados por el Ejecutivo, más de mil 600 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte del país serán elegidos a través del voto popular en dos elecciones diferentes. Una parte de ellos en 2025 y otra en 2027.

La iniciativa de Ley también busca reducir de 11 a nueve los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, eliminar algunos privilegios de los que actualmente gozan los magistrados que la integran, reestructurar el Consejo de la Judicatura y crear un Tribunal de Disciplina.

El ministro González Alcántara Carrancá dijo que ahora los especialistas en la interpretación de la ley tendrán que comenzar a hacer campaña y promesas. Promesas que en vez de velar por la ciudadanía, velarán por los intereses de aquellos que busquen financiar sus campañas.

La iniciativa condujo a un paro indefinido de labores de los trabajadores del Poder Judicial y sacó a las calles de Ciudad de México, el pasado domingo 1 de septiembre, a miles de estudiantes de derecho y exalumnos de la carrera de universidades públicas y privadas en rechazo de la reforma que se discute en el Legislativo.

Después de que la iniciativa sea votada por el Senado tendrá que ser aprobada por al menos 17 de los 32 Congresos estatales para que pueda convertirse en Ley.

Esta nota se actualizó el 4 de septiembre de 2024

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