Una de las mayores crisis de la migración centroamericana son las violaciones de derechos humanos que se cometen contra migrantes en territorio mexicano, aseguró Gabriela Leal, abogada de Casa Monarca, durante el panel Migración centroamericana: retos y cooperación que se llevó a cabo el 14 de agosto en la sala de juicios orales de la UDEM.
Raquel Romero, Cónsul de la República de El Salvador, dijo que las pandillas y el crimen organizado han causado una explosión social en Honduras, El Salvador y Guatemala, por lo que se ha detonado un éxodo, en el cual las personas están dispuestos a pagar hasta 9 mil dólares para llegar a Estados Unidos
Leal expuso que la alta migración existente de estos países se debe a los pandilleros de las calles de Los Ángeles, Las Maras 13 y 18, quienes están bajo el mando del crimen organizado y son los responsables de someter a la población para que siga migrando.
Victoria Ríos, participante en la red de Fortalecimiento Humanitario a Migrantes en Nuevo León, reveló el caso de una señora que sufría de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, quien tenía relaciones con la policía y el crimen organizado, por lo que tuvo que huir de su país.
“Sabemos que los policías trabajan a veces de la mano con el crimen organizado y con las pandillas y eso complica y multiplica los factores de riesgo que puede experimentar una sola persona”.
Hay una ignorancia muy alta por parte de las autoridades mexicanas sobre lo que se tiene y lo que no se puede hacer, por lo que usualmente se cometen actos arbitrarios, los cuales violan completamente los derechos humanos, agregó.
En el caso de Monterrey, aún no se tiene un entendimiento profundo sobre la migración, por lo que hay muchos retos de integración entre estos y la ciudadanía, ya que no son aceptados por esta, no existe un trato correcto hacia los migrantes, ya que por miedo o ignorancia, la ciudadanía regiomontana los aparta y en ocasiones los discrimina.
“Migrar es un derecho, pero también es un derecho no tener que hacerlo, en México particularmente, ser migrante no es un delito, solo es una falla administrativa, al considerar a una persona como migrante que se encuentra de manera irregular en México como ilegal, se está atacando la existencia de una persona, estamos diciendo que la existencia de alguien va en contra de la ley”, concluyó Leal.
