Desapariciones forzadas: una crisis invisible
La desaparición forzada es una realidad atroz, la cual no es lo suficientemente discutida, reflexionada ni visibilizada –paradójicamente– en consideración con las implicaciones y dimensiones que tiene. Es una crisis que nos afecta a lo largo y ancho del país, así como en todos los países latinoamericanos, en donde diversas autoridades tergiversan los datos, ocultan información, impiden trabajos de búsqueda de los colectivos, ofuscan la verdad, crean confusión y, por ende, invisibilizan la realidad.
Nuevo León es el quinto estado del país con más personas desaparecidas. De acuerdo con un comunicado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), emitido el 3 de febrero, durante el primer mes del año se registraron 52 desapariciones, incluidas las desapariciones grupales. Tan sólo unos meses después de la publicación de la Ley en materia de desaparición y búsqueda de personas.
En palabras de la académica Rossana Reguillo, el fenómeno se puede entender como un proceso creado para mantener un orden donde los beneficiarios son unos cuantos: “el resguardo y gestión de la (in)visibilidad de las violencias es asunto clave para el mantenimiento del orden colapsado; su visibilidad o silenciamiento actúan como mecanismo para garantizar la perpetuación de un desgastado y anacrónico orden desbordado”.
La socióloga y periodista Dawn Paley coincide con esta lectura: “Es difícil establecer un entendimiento integral sobre los factores subyacentes de la violencia cuando la información disponible sobre la abrupta militarización y paramilitarización es parcial y tiende a repetir versiones oficiales de los hechos […]. La producción de la opacidad y la confusión contribuyen a la despolitización de la violencia y el papel del estado en la creación de impunidad”.
Por su parte, la antropóloga Séverine Durin lo denuncia como una crisis humanitaria de gran envergadura donde confluyen homicidios dolosos, personas desaparecidas y personas desplazadas por los hechos de violencia.
El Seminario Permanente de Ciencia Política de la Universidad de Monterrey (UDEM) –que ha tratado temas como la crisis del agua, la reforma eléctrica, participación política de mujeres indígenas o la reforma constitucional– organizó una nueva edición en donde se contó con la participación Virginia Buenrostro Romero y María del Carmen Soto Solórzano, de la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (Amores); Séverine Durin, del Ciesas Noreste; y Carlos Zamora, de la Universidad de Coahuila, con la finalidad de socializar este dolor pues desde ese acto se provoca la reflexión y la acción colectiva.
El colectivo Amores está compuesto, en su mayoría, por mujeres: abuelas, madres, esposas, hermanas e hijas que buscan a sus seres queridos. Comenzaron a organizarse en 2009 con 15 familias de personas desaparecidas. A partir de 2011, en el marco del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –en el que el poeta y activista Javier Sicilia se destacó como líder–, se agregaron más familias, albergadas y acompañadas por Cadhac.
Para julio de ese mismo año comenzaron las mesas de trabajo con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, para ver sus casos y a promover reformas de procedimientos, así como para concretar la ley para beneficiar la búsqueda y justicia de los familiares desaparecidos.
Su lucha es por la justicia y contra la indolencia y producción de confusión que emana del Estado. Esto se relaciona con lo que Virginia Buenrostro denunció dentro del seminario: “[Samuel García] está jugando a ser gobernador”.
El gobierno actual presupuestó para la comisión de búsqueda 43 millones 576 mil 38 pesos, mientras que para el nuevo estado se destinaron 50 millones; custodias y escoltas tendrán un presupuesto por encima de los 231 millones y comunicación contará con más de 360.
De los 43 millones de la comisión de búsqueda, 39 se van a sueldos, honorarios y otras prestaciones, por lo que sólo quedan 4.5 para acciones de búsqueda. En este contexto el papel de los colectivos es fundamental y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León ha denunciado esta asignación presupuestaria.
Ante esta realidad, se vuelve necesario que dentro de la Universidad abordemos esta temática para poder analizarla y aportar conocimiento que sea funcional para detener esta crisis tan apremiante. Esto se vuelve obligatorio desde una institución cuyos principios son el humanismo, la apertura y el servicio; así como con valores tales como la búsqueda de la verdad, la dignidad, la justicia y la libertad. Estos no tienen sentido si no somos capaces de tener empatía y comprensión de la realidad que nos rodea.
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