Tiroteos en EE.UU., una epidemia ocasionada por falta de política pública


lvaro Villarreal
Por: Álvaro Villarreal

De nueva cuenta, una tragedia que cuesta mucho imaginar sucedió el miércoles 4 de septiembre en Estados Unidos: un tiroteo se suscitó en una escuela de Georgia, dejando un saldo de cuatro personas muestras; dos maestros y dos alumnos fallecieron. A pesar de su frecuencia, todavía hay gente que concibe esta clase de tragedias como hechos aislados extraordinarios –en el sentido literal de la palabra–; pero se trata, en realidad, de un fenómeno que se vuelve cada vez más frecuente en el país norteamericano. 

Colt Gray –alumno de 14 años de la escuela de Apalachee High School– fue quien perpetró los asesinatos. El sheriff local de Winder, Jud Smith, describió el ataque como uno de ‘pura maldad’. “En cuestión de minutos, la policía llegó al lugar”, mencionó. “Así como dos oficiales de recursos escolares asignados a la escuela que inmediatamente se encontraron con el sujeto, […] El sujeto se entregó de inmediato. Se dio por vencido, se echó al suelo. Y los agentes lo detuvieron”.

Como adelantaba, la trágica matanza en Georgia no es un caso único. Es parte de un patrón que se ha desarrollado en Estados Unidos: jóvenes con armas llevan a cabo tiroteos en escuelas o en otros espacios públicos. Es importante recordar que apenas el pasado 13 de julio, un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks intentó asesinar el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump.
De acuerdo con un documento repositorio del FBI, algunas características comunes entre los tiradores son las siguientes: personas calladas, aisladas, que faltan constantemente a clases y tienen buena accesibilidad a armamento de fuego. Colt Gray y Thomas Matthews compartían esos rasgos y facilidades.  

Y, si bien existen otras causas que explican por qué un joven toma la decisión de llevar a cabo un tiroteo, hay al menos dos que se presentan de manera general y otorgan una perspectiva más amplia a este fenómeno (no solo casos de tiradores jóvenes).

En primer lugar, el sistema de salud estadounidense, en la práctica, no termina por ayudar a la población. Generalmente, las personas pagan impuestos al gobierno y éste lo utiliza para proveer servicios y bienes esenciales para la ciudadanía. Sin embargo, en el país norteamericano el sistema de salud se supedita a intereses privados. Y lo hace a través de un convenio público-privado, donde el propio Estado le paga a empresas de seguros. 

Primeramente, el Estado paga con dinero recolectado de los impuestos a intermediarios –por lo general, empresas lucrativas de seguros o de salud– y éstos atienden a la población a cambio de más dinero. Bajo este sistema obtienen un mayor beneficio, mas lo hacen a costa de ciudadanos cuyo tratamiento termina dependiendo de qué tan asequible le resulta al paciente. Por supuesto, lo anterior da pie a numerosos casos de personas que no tienen forma de atender su salud mental. En consecuencia, y bajo circunstancias determinadas –como los casos mencionados–, dichos casos se expresan con tragedias como la de la escuela de Georgia (Stewart, 2024).

En segundo lugar, la Constitución de los Estados Unidos estipula una enmienda que protege el ‘derecho’ del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Cabe destacar que esta enmienda se ratificó en 1791, cuando el país salía de un conflicto violento contra la Corona inglesa. Según el último recuento del observatorio Small Arms Survey, en 2017 había más armas de fuego (393 millones) en Estados Unidos que número total de habitantes (325 millones) (Miliani, 2024).

Ante las quejas y protestas de personas respecto a los decesos que generan los tiroteos, han sido particularmente los miembros del Partido Republicano quienes han defendido tal derecho con fervor, bajo la justificación de que las armas “nos hacen más seguros” (Jordan, Hall y Hughes, 2024).

Con todo lo anterior, y a pesar de que el sistema apoya a la generación de dinero y riqueza en el país, los disparos y muertes por violencia siguen sucediendo ante la falta de  acción del gobierno frente a las grandes empresas armamentísticas. 

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