Guardia Nacional quedará bajo control de la Sedena
Por: Ahimé Sánchez
La Cámara de Diputados aprobó este jueves 19 de septiembre en lo general y particular la reforma que estipula que la Guardia Nacional (GN) quede bajo el comando operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este proyecto fue propuesto en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue objeto de intensos debates en el Congreso, con posturas encontradas respecto a los alcances de la militarización en México.
Por más de 15 horas, los diputados del PAN, PRI y MC (Movimiento Ciudadano) presentaron propuestas suspensivas para la reforma, que buscaban devolver el dictamen a comisiones para someterla a un análisis más exhaustivo.
Representantes de la oposición como Miguel Ángel Monraz, integrante de la bancada del PAN, calificaron como una «falta de memoria» la postura que Morena sostuvo contra la militarización en sexenios anteriores y su apoyo a esta reforma.
Por otro lado, Bruno Blancas, diputado de Morena del V distrito de Jalisco, y algunos de sus aliados argumentaron que la reforma pertenece a un nuevo modelo de combate a la delincuencia y cuestionaron las políticas de seguridad pasadas, en referencia directa al caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución y otros de la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, que permiten que la Sedena mantenga el control administrativo y operativo sobre la Guardia Nacional y le otorga facultad a este órgano para realizar investigaciones en conjunto con el Ministerio Público; además de apoyar al Ejército en actividades de seguridad pública.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma pasará a ser sometida a discusión en el Senado de la República, donde se votará para su ratificación o rechazo. Se espera que el proceso avance de manera expedita, debido a que fue designado como un asunto de «urgente resolución».
En caso de ser avalada por el Senado, la reforma será promulgada por el Presidente. Sin embargo, la oposición anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de revertir esta decisión, con el argumento que este cambio viola el carácter civil que debe tener la seguridad pública en México.
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