Repensar la “Transición Democrática” en México

La democracia en México: ¿en proceso de erosión?


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Por: Gabriela Aída Cantú Ramos

En 1996, Linz y Stepan afirmaron que luego de los procesos de transición que partían de un régimen no democrático, el reto para los países era la consolidación de la democracia. Una democracia se consolida cuando sus instituciones, procesos y reglas son “la única opción posible” («the only game in town«).

Sin embargo, casi 30 años después, aún existe una enorme discusión en torno a qué es la democracia. No hay consenso, pero las ideas de Álvarez, Przeworski, Limongi y Cheibub son muy útiles, pues consideraron a la competencia como una de las características mínimas para la existencia de una democracia. Así, las elecciones competidas significan que hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de alternancia en el poder. Esto implica que: 1) existe la posibilidad de que los incumbentes pierdan, 2) los resultados electorales sean irreversibles y 3) las elecciones se repitan. 

De modo que las elecciones son una condición necesaria para la existencia de una democracia, mas no suficiente, pues solo representan lo que Mazzuca define como la “dimensión de acceso al poder” y, en una democracia, también importa el ejercicio del poder.

La realidad en México

Si tomamos las ideas anteriores en cuenta, en México gozamos actualmente de esa competencia. En el año 2000 se dio la primera alternancia después de 70 años de gobierno de un solo partido y esta ha prevalecido durante las últimas dos décadas. Pasamos del PRI al PAN en 2000, del PAN al PRI nuevamente en 2012, del PRI a MORENA en 2018 y ahora estamos en el “segundo piso” de la Cuarta Transformación (4T). 

Así, en el aspecto electoral, la democracia de México parece funcionar. Las elecciones son relativamente justas, transparentes, abiertas a todos los ciudadanos y libres de fraude electoral hasta ahora. En 2018, López Obrador ganó de manera clara, transparente, legal y democrática, con una campaña enfocada en temas como la igualdad social, el Estado de derecho y el combate a la corrupción. Cerró su paso por la presidencia con altos niveles de aprobación, de alrededor del 74% para septiembre de 2024, según la “Encuesta de Encuestas”, elaborada por Oraculus. 

Como resultado de este desempeño, más de 33 millones de mexicanas y mexicanos dieron su voto de confianza a la “sucesora” de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado junio de 2024. La presidenta Sheinbaum inició su mandato con un mensaje muy claro: en su sexenio se construiría el Segundo Piso de la 4T. En su discurso inaugural mencionó que, en términos de la democracia en el país, su mandato se enfocaría en garantizar la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de movilización; se respetarían los derechos humanos y no se usaría la represión contra las personas. Asimismo, negó categóricamente que en México se llegará al autoritarismo. 

A cinco meses de su llegada a la presidencia, es prematuro hacer una evaluación sobre el impacto del mandato de Sheinbaum en la democracia mexicana. Sobre todo si se toma en cuenta que para noviembre de 2024, la presidenta ya tenía un panorama muy complicado en puerta, cuando se declaró la victoria arrasadora de Donald Trump en Estados Unidos. 

Los primeros meses de la administración Sheinbaum han estado plagados de momentos tensos, producto de la guerra comercial que ha iniciado Trump contra México y la presidenta se ha concentrado en lidiar, responder y –en la medida de lo posible– contener los embates que le llegan desde Washington, un día sí y otro no. Por lo tanto, la reflexión más pertinente sobre la democracia mexicana tendría que hacerse sobre el saldo que dejó la administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que –sin duda– grandes cambios tuvieron lugar.

¿Hacia dónde va la democracia mexicana?

Como se mencionó, el expresidente López Obrador gozó de altos niveles de aprobación durante todo su sexenio. Sin embargo, eso no lo libró de tener grandes críticos/as desde la oposición, la academia y los medios de comunicación, que rechazaron abiertamente su proyecto nacional y las formas que empleó para impulsarlo. La figura del expresidente dejó un alto nivel de polarización (se le ama o se le odia), que es una característica de los liderazgos catalogados como “populistas” desde la academia. 

Kaltwasser y Taggart reconocen que los líderes populistas llegan al poder a través de elecciones y muchos de sus temas prioritarios son legítimos. Pero son sus soluciones las que causan controversia. Así, el dilema con los líderes populistas es la cuestión del ejercicio del poder. En el caso mexicano, las preguntas que surgen son: ¿contribuyó el expresidente López Obrador al fortalecimiento de las instituciones y los procesos democráticos? ¿O ha llevado al país a un proceso de retroceso democrático?

Nancy Bermeo sostiene que el retroceso democrático significa “(…) el debilitamiento o eliminación dirigido por el Estado de cualquiera de las instituciones políticas que sostienen una democracia existente”. Es un proceso muy particular porque involucra múltiples procesos, instituciones y actores (agentes) e implica, en términos simples, el abandono voluntario de un ideal. En este caso, del ideal democrático. 

Esta autora propone seis rutas al retroceso, que van desde los más extremos como: 1) los golpes de Estado clásicos,  2) los golpes ejecutivos, 3) la manipulación flagrante de elecciones (fraude el día de las elecciones) y 4) los golpes promisorios (justificados en nombre de la protección de la democracia); a acciones menos extremas o menos evidentes como 5) el agrandamiento ejecutivo y 6) la manipulación estratégica de las elecciones.

Para Bermeo, son especialmente preocupantes los dos últimos. El agrandamiento ejecutivo es preocupante porque puede ocurrir a un ritmo lento pero sostenido, sin que mucha gente “común” se dé cuenta de que la misma persona que encabeza el Poder Ejecutivo –y que fue democráticamente electo/a– socava los frenos y contrapesos que limitan su poder. La manipulación estratégica de las elecciones preocupa en demasía, toda vez que suele hacerse de tal manera que las elecciones en sí mismas no parecen fraudulentas o bien es muy difícil probar que lo fueron. La presencia de estos fenómenos debe considerarse como una señal de alerta: ¿estamos experimentando en México alguno de estos fenómenos?

La respuesta compartida por muchos y muchas académicas es: sí, ambos. Por ejemplo, Sánchez Talanquer y Greene sostienen que el expresidente López Obrador buscó deliberadamente centralizar el poder en el Ejecutivo, desafiar las normas e instituciones democráticas fundamentales, erosionar instituciones del Estado, atacar a organismos autónomos –como el INE y el INAI– y utilizar retórica polarizante para alterar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. 

Cuatro años después, Aguiar, Castro Cornejo y Monsiváis Carrillo confirmaron muchos de los temores de Sánchez Talanquer y Greene. Terminado su sexenio, el balance que dejó López Obrador fue negativo, puesto que trastocó el Estado de Derecho, debilitó los frenos y contrapesos –como con la Reforma Judicial–, involucró al ejército en proyectos públicos sin tener mecanismos claros de vigilancia civil y desmanteló organizaciones burocráticas, entre muchos otros. 

A estas voces se le unen otro conjunto de investigadores/as que, con datos en mano, consideran que hemos retrocedido en términos de consolidación y calidad democrática. De acuerdo con el Reporte sobre la Democracia 2024 del Varieties of Democracy Institute, hay evidencia de autocratización en México y esto nos ha llevado a pasar de ser una  democracia electoral con potencial a moverse a una democracia liberal, a una democracia electoral de “zona gris”, es decir, con tendencia a degradarse en una autocracia electoral. 

De acuerdo con este reporte, en México se ha debilitado la participación de la sociedad en la deliberación sobre políticas, se inclinó el terreno de juego para favorecer la campaña de  la ahora presidenta Sheinbaum, se socavó la autonomía e independencia de las autoridades electorales y había una amenaza de debilitar a otros poderes del Estado, misma que se confirmó con la aprobación de la reforma judicial. 

En cuanto a controles no políticos, se destaca la polémica relación que el expresidente tenía con los medios de comunicación. Fue una constante en su discurso caracterizar a los medios como cómplices de la corrupción y difusores de noticias falsas. También utilizó sus conferencias matutinas como espacio para atacar a otras instituciones y personas. Para muchos, esto ha contribuido de forma desfavorable a un entorno ya de por sí difícil e, incluso, peligroso para el ejercicio del periodismo en el país.

Ante este panorama, se puede decir que Sheinbaum recibió una democracia debilitada, aunque discursivamente se insiste en lo contrario. México tiene muchos retos por delante: en su interior, con temas como la elección judicial que se viene en junio, por ejemplo. Pero también enfrenta y continuará enfrentando retos desde afuera, especialmente desde los Estados Unidos de América (EE.UU).

El inicio de la era Trump 2.0 ha concentrado la atención del oficialismo y la oposición, pero pronto la realidad nos alcanzará y seguirán los debates de hacia dónde llevar al país y, sobre todo, cómo. Es aquí donde el panorama queda abierto y surgen preguntas como: ¿realmente es necesario socavar los procedimientos e instituciones democráticas para impulsar un proyecto de país?, ¿cuál será el legado que la doctora Sheinbaum quiere dejar?, ¿un legado democrático o autoritario? Solo el tiempo lo dirá, pero si los datos nos indican algo, nadie se salva del retroceso democrático.

Sobre la autora:

Gabriela Aída Cantú Ramos es Maestra en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en Administración Pública y Política Pública por el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), así como Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Profesora del Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Monterrey.

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