Reforma al Poder Judicial reducirá el tiempo de los juicios: Loretta Ortiz
Por: Ana Isabel Treviño y Eugenia Robles
La Reforma al Poder Judicial, que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, transformará el sistema de impartición de justicia en México, al volverlo más rápido, expedito, económico y, sobre todo, al ponerlo al alcance de todas las personas, especialmente de aquellas que no pueden pagar un abogado, afirmó Loretta Ortiz Ahlf, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Ahora todos los procedimientos se resolverán rápido. La reforma que se aprobó al artículo 17 constitucional establece que ningún procedimiento podrá durar más de seis meses y si no se resuelven en ese plazo los juzgados tendrán que avisar y justificar, de manera fundada y motivada, al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial las razones de dicha demora”, detalló la Ministra durante una conferencia que dio en la Universidad de Monterrey sobre el alcance y las implicaciones de la Reforma Judicial, organizada por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad.
Ortiz Ahlf, quien está en el cargo desde el 12 de diciembre de 2021 y es una de los 11 miembros que actualmente tiene la Suprema Corte, dijo que México es uno de los países más criticados por su sistema de administración e impartición de justicia porque es muy costoso y solamente aquellas personas que tienen dinero pueden tener acceso a él.
“Es inadmisible que en México pueden pasar hasta 10 años y los casos no se resuelven. Sabemos cuándo empieza un procedimiento, pero no cuándo terminará. Y, además de largos y costosos, son inaccesibles para la mayoría de las personas por su lenguaje demasiado técnico. Las personas no entienden a los abogados ni las sentencias. Todo esto tenía que cambiar y por eso la necesidad de la Reforma Judicial”, sostuvo la Ministra, quien en su momento fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para el cargo.
La polémica reforma, que ha sido cuestionada por varios sectores, incluido el propio Poder Judicial Federal que se encuentra en paro de labores desde el mes de junio, crea un nuevo órgano que reemplazará al Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial que estará integrado por cinco personas que serán electas por voto popular para un mandato de seis años, después de los cuales no podrán volver a ser elegidas para un nuevo periodo.
“El Tribunal de Disciplina Judicial fue dotado de suficientes ‘dientes’, que no tiene el Consejo de la Judicatura Federal, que le permitirán ordenar, oficiosamente o por denuncia, el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las servidores públicos que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público, a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellos vinculados con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad y encubrimiento a posibles delincuentes o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia, además de los asuntos que la Ley determine”, explicó la Ministra.
Ortiz Ahlf indicó que, entre otros muchos, se sancionarán ilícitos como acoso sexual y laboral y cuestiones de dinero y aclaró que cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina hechos que pudieran ser objeto de sanción.
Entre las sanciones que el Tribunal podrá aplicar están “la amonestación, suspensión, sanción económica y destitución e inhabilitación de servidores públicos, con excepción de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y de los Magistrados electorales, que sólo podrán ser removidos de sus cargos a través de un juicio político”, detalló.
“Las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas”, precisó.
La Ministra aclaró que la mayoría de personas que trabajan en el Poder Judicial son honestas, trabajadoras, que tienen vocación, que saben lo que están haciendo y que se han preparado, pero dijo que a veces hay situaciones en las que se tienen que tomar acciones y por esos casos vale la pena tener un sistema que funcione para exigirles responsabilidad.
Al final de la conferencia, Diana María Lozano, alumna de noveno semestre de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza en la UDEM, le preguntó a la Ministra si no era un riesgo establecer el plazo de seis meses para que los procedimientos se resuelvan y que las personas tengan acceso a la justicia pronta y expedita sin que la reforma vaya acompañada de otras reformas a la manera de funcionar de las Fiscalías, los Ministerios Públicos y de la Policía, por cuanto esto podría llevar a los jueces a absolver o a condenar a las personas con tal de cumplir con el plazo establecido y no tener que pasar por el procedimiento con el Tribunal de Disciplina.
“Esto no va a funcionar si no se hacen las reformas en las Fiscalías, en los Ministerios Públicos y en los demás órganos vinculados a la impartición de justicia. Si bien muchos de los problemas que tenemos están relacionados con la falta de capacitación y entrenamiento, faltan herramientas modernas de investigación real, es decir, centros de investigación multidisciplinarios que permitan mejorar el sistema de impartición de justicia. Yo espero que no tarde mucho la reforma a las Fiscalías”, respondió la Ministra.
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