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El Gobierno federal dispondrá de un total de 9.07 billones de pesos para gasto en el 2024. Foto: Canal del Congreso

Congreso aprueba gasto y define uso de fideicomisos


Por: Agencia Informativa UDEM

Sin cambios en cuanto al monto de recursos que el Gobierno gastará en 2024, el Congreso aprobó este jueves el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año y etiquetó el monto de los fideicomisos del Poder Judicial para Guerrero.

Después de cuatro días de discusión y desencuentros entre las distintas bancadas por los recursos para la reconstrucción de Guerrero, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, el presupuesto de gasto para el siguiente año sin ningún cambio en cuanto a la cantidad presupuestada, la cual se mantuvo en un total de 9.07 billones de pesos.

Sólo tres cambios tuvo el Presupuesto de Egresos. Primero, definió el uso de los 15 mil 800 millones de pesos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que el Congreso eliminó el 25 de octubre y estableció que estos recursos se destinarán a la reconstrucción de Acapulco; le regresó 500 millones de pesos que le había recortado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Y aprobaron darle un seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto destinado al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

En cuanto al primer cambio, sólo se clarificó y se asignó de manera formal el uso de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, algo que ya había sido propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y avalado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Sin embargo, esos recursos nunca estuvieron contemplados en el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

Este miércoles, una juez federal ordenó la suspensión provisional de la reforma que elimina esos fideicomisos por afectar los derechos adquiridos de los trabajadores judiciales y porque el Congreso no especificó para qué se usarían esos recursos, por lo que aclaró que esos dineros no podrán ser usados por el Gobierno federal para ningún fin, por ahora.

Los Diputados confirmaron el recorte de 13 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, los cuales son adicionales al monto de los fideicomisos, al igual que el recorte a los órganos autónomos, pero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le recortaron menos de lo inicialmente previsto.

Al Tribunal Electoral ya no se le aplicará un ajuste de 768 millones de pesos, sino de 268 millones porque se le regresarán 500 millones que a su vez se recortarán del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, con lo que el Tribunal Electoral dispondrá el próximo año de un gasto de 3 mil 622 millones de pesos.

Las partidas para la reconstrucción de Guerrero fueron la causa de desencuentros, gritos e insultos entre los Diputados, pues Morena y sus partidos afines no aceptaron ninguna propuesta de la oposición e incluso de sus mismos miembros para redirigir recursos para los damnificados.

Una de esas propuestas, que provenía del interior de Morena, consistía en incluir 100 mil millones de pesos para Acapulco. No fue aceptada. 

En cambio, los Diputados se enfocaron en definir el uso de los dineros de los fideicomisos. “Tenemos en esta reserva la oportunidad de hacer un acto de Estado, un acto donde concurran los tres Poderes del Estado: la propuesta del presidente López Obrador, la adhesión de la ministra Norma Piña y la voluntad política de los grupos parlamentarios a través de sus coordinadores”, expuso en tribuna el diputado morenista tabasqueño Marcos Rosendo Filigrana.

Otra propuesta provenía de los diputados afines a Marcelo Ebrard, quienes pidieron destinar en 2024 a Guerrero un mínimo de 15 por ciento de excedentes petroleros (lo que equivale a unos 45 mil millones de pesos). Tampoco fue aceptada.

Esta última negativa desencadenó la renuncia de la diputada Selene Ávila a la fracción morenista, a la que acusó de contradecirse y no querer destinar partidas presupuestales para ayudar a salir a Acapulco de la crisis social en la que se encuentra después de haber sido el puerto devastado por el huracán Otis.

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