México avanza en digitalización de servicios, pero advierten retos
Por: Daniela Regil y Andrea Zárate
La solicitud del acta de nacimiento desde una página web y el pago de parquímetro o de servicios públicos por medio de un celular son algunos ejemplos de la digitalización de los servicios que le permite a millones de mexicanos beneficiarse del uso de la tecnología para la realización de sus pagos y trámites. Sin embargo, aún existen muchos procesos que deben hacerse de manera presencial o repetitiva y sectores de la población que no saben cómo usar todos estos avances en su propio beneficio.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, vicepresidente editorial de DPL Group y profesor en la UNAM, dijo que la digitalización es un hecho irreversible que está ocurriendo a nivel global y que permite acceder más fácilmente a derechos como la educación, la salud, el trabajo o la cultura.
“Tarde o temprano, todo se va a digitalizar y lo que diferenciará a un país de otro es qué tan rápido se adoptará esta transformación. Y una parte de esta digitalización le corresponde impulsarla a los gobiernos, por lo que éstos tienen la responsabilidad de crear e implementar políticas públicas digitales”, sostuvo el directivo.
Según el especialista, aunque a nivel federal se han dado algunos avances, todavía falta mucho por hacer en los Estados y municipios, que no han trabajado lo suficiente por modernizar los servicios que prestan, al igual que a nivel sectorial. No se trata de tener una estrategia general, dijo, sino de que cada sector tenga su propio plan digital adaptado a sus necesidades, buscando un bienestar digital para su población.
“El Estado juega un papel muy importante desde el punto de vista de diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas digitales a nivel nacional, y hemos visto avances en esto, pero los Estados y municipios deben trabajar en políticas públicas digitales sectoriales, como por ejemplo que el sector salud tenga su política digital propia, lo mismo que el sector de la educación, de la cultura, el turismo, la agricultura o la seguridad”, explicó Bravo.
Lo anterior se tendría que ver reflejado en que, por ejemplo, exista a nivel país un expediente clínico digital que permita ver el historial de salud de cada persona, lo cual beneficiaría los procesos, los tiempos y hasta la salud de los pacientes, o en que existan expedientes escolares digitales o, en general, expedientes digitales de todas las personas para que distintas dependencias no pidan continuamente documentación, como identificaciones o comprobantes de domicilio.
Para el experto, tanto Estados, como municipios y sectores deben priorizar esa modernización con la adopción de tecnologías, de tal manera que todas las áreas del Estado tengan una agenda sectorial digital política que les permita ofrecer un bienestar digital o tecnológico a la población, al tiempo que garantizan los derechos que cada una de éstas tutela.
En noviembre de 2024, el Gobierno presentó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual no sólo busca lograr la digitalización, para antes de 2030, del 80 por ciento de los procesos que más utilizan los mexicanos, sino también reducir al 50 por ciento los trámites que realizan.
Bravo afirmó que el Estado también debe actuar como regulador, estableciendo leyes y condiciones que faciliten la inversión en redes, infraestructura y conectividad. Además, tiene la tarea de crear empresas públicas con el objetivo social de llevar internet y servicios digitales a las zonas donde las empresas privadas no pueden llegar porque no es rentable, lo cual no busca competir con ellas, sino complementar lo que hacen para garantizar que nadie quede fuera de la cobertura digital.
Para avanzar hacia un México digital, el Gobierno ha puesto en marcha distintos mecanismos y estrategias. Una de ellas es la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene el objetivo de conectar a más de 16 millones de mexicanos que actualmente no tienen acceso a internet, muchos de los cuales viven en zonas aisladas. El Gobierno ha dicho que esto será posible bien porque otorgue concesiones o porque sea el Estado el que directamente preste el servicio en escuelas, oficinas gubernamentales y en sitios públicos de acceso gratuito.
Además, la meta de reducir trámites, procedimientos y requisitos busca no sólo simplificar y digitalizar la información haciendo más eficientes a los distintos niveles del Gobierno y ayudándole a las personas a ahorrar tiempo y dinero, sino que también puede acabar con la corrupción y con el exceso de burocracia.
Todos estos cambios traerán diversos beneficios, como por ejemplo hacer trámites con más rapidez sin la necesidad de hacer filas tediosas por largas horas. Además, permitirá una mayor transparencia por parte del Gobierno debido a que son procesos más automáticos y menos dependientes de otras personas, explicó Bravo.
Capacitación e inclusión, los mayores desafíos
A pesar de que la implementación de la tecnología es una carrera en la que ya están la casi totalidad de las naciones y de que los avances tecnológicos van a gran velocidad, el experto afirmó que su implementación no es tan sencilla, por lo que es importante habilitar medidas y acciones que permitan cerrar en poco tiempo la brecha digital y que la población pueda aprovechar al máximo los beneficios tecnológicos.
“La implementación de la tecnología y, por supuesto, la digitalización están inevitablemente en el futuro del país, de su crecimiento y desarrollo, siempre y cuando habiliten derechos humanos y entreguen bienestar a su población”, afirmó Bravo.
Sin embargo, el especialista dijo que es necesario que el Gobierno mantenga algunas opciones tradicionales, mientras que se trabaja en enseñar a más personas a cómo usar estas herramientas digitales, especialmente a aquel sector de la población de mayor edad que no está aún tan familiarizado con las tecnologías.
El experto afirmó que se deben intensificar los programas de alfabetización digital y cursos para desarrollar habilidades tecnológicas. Lo importante, dijo, es que nadie quede fuera de este proceso por su edad, nivel económico o el lugar de donde proviene.
“Las tecnologías y todo derecho fundamental es universal. Nadie debe ser excluido por su condición social, económica, su ubicación geográfica o por su edad. Claramente el sector más vulnerable por un tema generacional es el de las personas adultas mayores, por eso hay que ayudar a alfabetizar, a darles habilidades y a permitirles el acceso”, señaló Bravo.
Pero en este proceso de transformación, el Gobierno y las empresas no son los únicos actores con responsabilidad -de garantizar y ofrecer el servicio- para que todo sea favorecedor y próspero, sino que también los ciudadanos tienen un rol clave para la digitalización. Son actores activos que deben exigir que estos servicios digitales sean accesibles, funcionales y de calidad. Es por esto que, dijo, las personas deben acostumbrarse a pedir más y a participar de manera informada.
“Somos audiencias, somos usuarios, consumidores, ciudadanos, somos personas digitales gracias a la tecnología y ejercemos todo eso. Somos audiencias que debemos ser críticas con los contenidos, somos usuarios que debemos exigir buenos servicios, somos públicos a los que nos llegan contenidos y somos ciudadanos que ejercemos derechos en una democracia. Somos todo eso y, además, somos consumidores y queremos productos y servicios de calidad”, concluyó Bravo.
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