¿Censura o regulación? México ante la prohibición de redes sociales para menores
Por: Víctor Herrera Guzmán y Roberto Gallardo Fortozo
En países como Australia y Francia ya aprobaron la prohibición del uso de redes sociales a menores de edad, mientras que en España, Dinamarca, Reino Unido, Portugal y Grecia se reportan avances en procesos de regulación que vayan en el mismo sentido. En el marco de este contexto, expertos identifican que en México se pueden percibir razones sociales para limitar el acceso a las infancias a plataformas digitales, pero no así en el ámbito político.
Australia se convirtió en el primer país es establecer esta prohibición, luego de que el 28 de noviembre de 2024 aprobara una ley que entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 y que obliga a algunas de las más importantes empresas tecnológicas a bloquear el acceso a los menores de 16 años a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook.
Este primer antecedente generó que se empezara a debatir en otros lados del mundo, principalmente en Europa. El impacto en la salud mental y emocional de los menores y los riesgos para su seguridad han impulsado, en varios países, la presentación y aprobación de leyes para regular el acceso a estas plataformas digitales.
En enero pasado, la Asamblea Nacional de Francia (Cámara Baja) aprobó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 15 años. Su discusión avanza rápidamente —aún falta que sea aprobada por el Senado y que regrese a la Cámara Baja para su votación final—, toda vez que el país espera que la norma entre en vigor el próximo 1 de septiembre.
Otros países europeos también se han sumado a esta conversación. El pasado 12 de febrero, Portugal aprobó, en la Asamblea de la República, una iniciativa de ley que restringe el acceso a redes sociales a menores de entre 13 y 16 años, y prohíbe de manera total el uso de estas plataformas a quienes tengan menos de 13 años, aunque aún falta la votación final del Parlamento para la aprobación definitiva de esta norma y su entrada en vigencia. También en España, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Eslovenia y Grecia han empezado con propuestas encaminadas a una futura aprobación de una ley similar, buscando proteger la salud mental de los menores.
En menos de dos años pasó de ser una iniciativa aislada de un país a convertirse en una tendencia internacional. Aunque las edades de prohibición varían, la preocupación por los menores en el ámbito digital es la misma.
En México, este debate también se ha estado dando durante los últimos años y las opiniones en cuánto a si es necesario, conveniente o acertado establecer prohibiciones legales para el acceso de menores a las redes sociales tiene divididos a los especialistas, al igual que en los demás países.
Beatriz Inzunza, maestra del Departamento de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey, cree que en México se necesitan medidas regulatorias iguales a las que están tomando otros países para proteger a los menores, en tanto que Edrei Álvarez-Monsiváis, investigador y experto en comunicación, dice que, aunque la regulación es necesaria, podría resultar contraproducente para los menores, por lo que lo más importante y prioritario ahora sería educar y preparar a los infantes y adolescentes para que puedan usar de manera consciente y crítica las plataformas digitales.
El principal problema, afirma Inzunza, no son las redes socio digitales, sino la falta de regulación de ellas. «Eso hace que todos, no solo los menores, seamos vulnerables a problemas que atentan contra nuestra seguridad, dignidad, privacidad y salud. Y, a diferencia de los adultos, que tenemos la capacidad y competencia de decidir cómo usar y publicar nuestra información, los menores no cuentan con la madurez necesaria para hacerlo y, por lo tanto, no deberían estar expuestos a estas plataformas».
Por su parte, Álvarez-Monsiváis, aunque comparte el diagnóstico hecho en otros países en cuanto a que existen consecuencias reales por el uso intensivo que hacen niños y adolescentes de las redes sociales, como la disminución en la capacidad de concentración derivada del consumo constante de contenidos breves, así como riesgos vinculados con delitos digitales, contacto con desconocidos o exposición a dinámicas de violencia simbólica, problemas que también se observan en México, no considera que, en este momento, una prohibición legal como la que impulsan varios países europeos sea necesaria en México.
«Una prohibición generalizada es una medida proteccionista y paternalista que puede generar efectos contraproducentes, como la evasión de controles o la falta de acompañamiento crítico en el uso de estas plataformas. Más que excluir a las infancias del ecosistema digital, el reto está en fortalecer su formación para habitarlo de manera segura y consciente. Lo que se requiere es una política de alfabetización mediática y digital desde edades tempranas, incluso desde preescolar, que enseñe no solo los riesgos, sino también los usos responsables y productivos de las redes sociales«, señala el experto.
Para Álvarez-Monsiváis, aspectos como una menor capacidad de retención, el consumo acrítico de información (dar por suficiente el contenido visto en una red social) y una sobreestimulación emocional constante han generado una preocupación social similar a la que en su momento se presentó alrededor de los videojuegos “violentos”, lo que podría dar lugar a un consenso social en favor de algún tipo de regulación o intervención, pero, desde el punto de vista político, no ve viable en el corto plazo la implementación de una regulación.
«No parece ser un tema prioritario en la agenda pública nacional, que hoy está concentrada en otros debates estructurales. Eventualmente podría emerger desde ciertos sectores con una narrativa de protección a las infancias, pero no observo condiciones inmediatas para una prohibición como política central», dice Álvarez-Monsiváis, quien cree que sería más probable que —al igual que ocurrió en el pasado con videojuegos, refrescos y tabaco— se aplicaran impuestos o regulaciones a las plataformas, pero no una prohibición directa para menores de edad.
Consecuencias para los menores
Aunque en el país aún no se habla de una posible ley que restrinja el acceso a redes sociales de parte de los menores, los expertos adelantan las posibles consecuencias que tendría una regulación en este sentido en México.
Mientras que Inzunza piensa que una regulación de estas generaría un cambio de paradigma importante en las dinámicas cotidianas de niños y adolescentes, Álvarez-Monsiváis cree que las consecuencias de implementar una normativa de este tipo serían más negativas que positivas en la sociedad.
“En términos prácticos, la implementación de una norma así sería compleja. Los adolescentes de 13 o 14 años ya tienen una vida digital consolidada: grupos de mensajería, comunidades en línea, redes de socialización e incluso espacios de identidad y pertenencia. Retirarles de manera abrupta ese entorno podría generar efectos de aislamiento social o migración hacia plataformas menos reguladas. No es lo mismo prevenir el acceso desde edades tempranas que intentar desincentivar el uso cuando ya existe una dependencia o integración cotidiana a esos espacios”, explica Álvarez-Monsiváis.
“También habría implicaciones familiares. La regulación trasladaría una carga adicional a los padres, quienes tendrían que supervisar y ofrecer alternativas de socialización y entretenimiento, en un contexto donde muchos adultos también presentan altos niveles de uso digital. Además, existe el fenómeno de presión de pares: aunque una familia decida restringir el acceso, si el resto del grupo social mantiene sus cuentas activas, el menor puede experimentar exclusión”, agregó el experto.
Adicionalmente, Álvarez-Monsiváis considera que al implementar una regulación también se necesitaría realizar reformas en materia de protección de datos personales. Para que una prohibición sea efectiva, afirma, habría que establecer mecanismos de verificación de edad más robustos, lo que implicaría vincular cuentas de redes sociales con algún tipo de identificación oficial. “Hoy en día, cualquier menor puede eludir las restricciones simplemente modificando su año de nacimiento al registrarse. Sin un sistema de verificación real, que además abriría debates sobre privacidad y vigilancia, la medida sería fácilmente evadible”, por lo que, dice, más que una solución inmediata, sería un proceso complejo que requeriría cambios estructurales y una estrategia gradual.
Para Inzunza, una prohibición al acceso a redes sociales para menores de edad traería implicaciones positivas. “Muchos de los problemas a los que se enfrentan actualmente los adolescentes tienen que ver con la reconfiguración neuronal y cognitiva que causan las tecnologías emergentes. Una regulación permitiría el desarrollo sano y orgánico cerebral, que les ayude a tomar decisiones sobre el uso de las tecnologías con base en un pensamiento crítico y creativo”.
Aunque Álvarez-Monsiváis reconoce que la sobreexposición digital puede estar modificando procesos como la concentración, la tolerancia a la frustración o la forma de procesar información compleja, lo que haría que una restricción tuviera efectos positivos en ciertos hábitos cognitivos o emocionales, afirma que también podría haber implicaciones negativas en el desarrollo formativo de los adolescentes.
“Hoy, las redes sociales son espacios de socialización, construcción de identidad y acceso a la información. La manera en que los niños y adolescentes se relacionan entre sí ya está mediada por lo digital. Si una parte del grupo tiene acceso y otra no, podrían generarse dinámicas de exclusión o sensación de rezago informativo. Esa dimensión social es relevante porque la pertenencia y el reconocimiento entre pares forman parte central del desarrollo en estas etapas”, explica el investigador, para quien estas características culturales difícilmente se revertirán por completo.
Por qué regular a las plataformas
Los expertos coinciden en que fortalecer la educación mediática (enseñar cómo funcionan los algoritmos, cómo identificar desinformación, cómo regular el tiempo de uso y cómo gestionar emociones en entornos digitales) no implica eximir de responsabilidad a las plataformas.
Los sistemas algorítmicos, dice Álvarez-Monsiváis, están diseñados para maximizar permanencia, consumo y segmentación publicitaria. “Basta con una experiencia cotidiana, buscar un producto y recibir una avalancha de anuncios similares durante días para notar el nivel de intrusión y estimulación constante. Ese diseño puede favorecer patrones de consumo compulsivo, ansiedad o dependencia, y ahí sí existe un espacio claro para la regulación”.
Según el experto, si hubiera que intervenir desde el ámbito legal, la regulación debería orientarse hacia las plataformas como Meta y TikTok para que aporten transparencia algorítmica, límites a la hipersegmentación y protección reforzada de datos de menores. “Me parece contradictorio que las leyes caigan sobre quienes están recibiendo las consecuencias, más que sobre las plataformas que son las causantes de las problemáticas. Lo que debemos hacer es formar usuarios críticos y exigir mayor responsabilidad estructural a quienes diseñan el ecosistema digital”.
Inzunza dice que los términos y condiciones que ponen las plataformas a los usuarios están romantizados o minimizados y escritos de forma confusa o difíciles de comprender.
“Las empresas de plataformas digitales manipulan la información. Se les tiene que regular porque además promueven la adicción a las redes sociales. El interés económico de estas empresas siempre estará relacionado con obtener mayores utilidades. El interés del bien común tiene que venir de políticas públicas”, afirma la experta.
Con el objetivo de motivar la participación ciudadana y para garantizar un tratamiento informativo adecuado frente a los contenidos presentados, los invitamos a escribir a agencia2@udem.edu en caso de dudas, aclaraciones, rectificaciones o comentarios.