Con el fin de concientizar a los alumnos universitarios y de compartir el funcionamiento del Sistema Anticorrupción en Nuevo León aprobado en mayo, así como los logros que se han obtenido con su implementación se ofreció la conferencia Adaptación y Funcionamiento del Sistema Anticorrupción en Nuevo León en la Universidad de Monterrey (UDEM).
La conferencia fue presidida por María Fernanda González, coordinadora de atención a denuncias de la Subprocuraduría Especializada en el Combate Anticorrupción, unidad administrativa responsable y especializada en investigar las conductas delictivas cometidas por servidores públicos del Estado y municipios de Nuevo León.
“El Sistema Anticorrupción implementado en el Estado es de suma importancia en México ya que el país ocupa el lugar número 123 en el índice de corrupción mundial”, fueron las palabras con las que González inició la conferencia; explicando que el Sistema Anticorrupción dará lugar a la Fiscalía General del Estado, la Especializada en Combate a la Corrupción y la Especializada en Delitos Electorales.
Estas fiscalías fomentarán una mayor participación ciudadana debido a la ley tres de tres, con el fin de evitar que los partidos políticos y grupos de poder establezcan el mayor control en los organismos del Estado y sus funcionarios.
González mencionó que actualmente no existe un manual o ley que establezca los tipos de corrupción que puedan presentarse, ni un tabulador que mida el impacto de corrupción en Nuevo León, por lo que era importante establecer regímenes para que pueda abrirse una carpeta de investigación específica para cada caso de corrupción.
Además explicó que en la Subprocuraduría Especializada en el Combate a la Corrupción existen más de 200 denuncias y más de 180 carpetas abiertas de casos de corrupción en dos años de trabajo con sólo 50 integrantes en el personal del sistema, denuncias que en su mayoría vinculan a políticos y funcionarios públicos a casos de corrupción.
Sin embargo estas denuncias están bloqueadas en su seguimiento debido a las barreras que pone el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al negar información de los clientes por la Ley Federal que protege su información.
El caso de Rodrigo Medina fue otro de los temas entablados durante la conferencia, en donde se dijo que comparando las administraciones del Gobierno del Estado, aproximadamente 80 por ciento de las denuncias que vinculan a funcionarios públicos en casos de corrupción pertenecen a la administración del ex gobernador y el 20 por ciento pertenecen a la administración actual de Jaime Rodríguez.