“El acceso a la justicia sigue siendo una deuda en México”: Carla Escoffié
Por: Justine Brancacho
A pesar de tantas reformas y adecuaciones a las leyes, el acceso a la justicia para muchas personas, especialmente para las de menores recursos o pertenecientes a grupos minoritarios, sigue siendo un tema pendiente en México, dice Carla Escoffié, abogada especializada en derechos humanos, quien cuestiona las maneras que existen para llevar procesos judiciales en el país, pues para hacerlo se necesita pagar un abogado, la mayoría de las veces costoso, o acudir a uno proporcionado por el Estado, cuyo servicio puede no ser el mejor por la carga de trabajo que tienen estos profesionales.
A Carla Escoffié también le preocupa la inaccesibilidad a la justicia como consecuencia de la opacidad en el lenguaje jurídico o su nivel de especialización, lo cual lo aleja de la comprensión de muchas personas, lo que también se convierte en un obstáculo para acudir a la justicia.
Por esto, Escoffié publicó su libro titulado Anarquismo jurídico. Guía crítica sobre cómo el derecho opera en nuestra vida, con el cual busca hacer accesible y entendible el derecho para cualquier persona que lo necesite. En entrevista con la Agencia Informativa UDEM, la especialista habla sobre esta publicación y explica algunos de los planteamientos de cambios jurídicos que hace en ella.
¿Por qué es importante la divulgación del derecho? ¿Qué tan relevante es impulsar una alfabetización jurídica para que todos los ciudadanos seamos conscientes de cómo nos moldea nuestro contexto y nos atraviesa en muchas de nuestras dinámicas?
Más que alfabetización jurídica, yo creo que es como una democratización del conocimiento. En general, me parece un poco preocupante que la Academia y las distintas disciplinas crean que hay una especie de monopolio de las discusiones. Es decir, que las discusiones que tienen que ver con ciudad sólo les debe interesar a los urbanistas y sólo ellos deben participar en ellas; que en las discusiones sobre la salud sólo deben intervenir personas que hayan estudiado medicina, y con el derecho ocurre lo mismo. Por supuesto que cada disciplina y cada carrera tiene su grado de especialización, lo que implica que hay todo un conocimiento y estudio detrás, pero eso no quiere decir que ese conocimiento no pueda ser accesible para las personas.
Pensamos que el formar parte de una carrera es como tener acceso a un conocimiento privilegiado, pero creo que siempre hay una responsabilidad de buscar democratizarlo y hacerlo accesible porque, finalmente, todas las carreras y disciplinas abordan distintos enfoques de la realidad que vivimos y de los problemas que nos aquejan a todos.
Quiero preguntarte por el título de tu libro, en especial por la palabra «anarquismo». ¿Hay una intención clara de impulsar una visión y rol del derecho que vaya en contra de las formas y métodos convencionales?
Sí. El título pareciera ser un oxímoron (contener un significado opuesto), y es totalmente adrede. Esta es una publicación que tiene como objetivo ser un libro de derecho para personas que no son abogadas y que les interesa comprender las discusiones jurídicas o acercarse un poquito, sin miedo, a estos temas, para que puedan hacerlo con una lectura en lenguaje accesible. ¿Por qué Anarquismo jurídico? Pues es una especie de contradicción de cómo hacer una postura crítica hacia el Estado, hacia las instituciones, hacia la forma en la cual se organiza el poder y, al mismo tiempo, hacer un análisis del derecho.
Pareciera una contradicción, pero, más allá del derecho y de lo que opinemos o no respecto al sistema jurídico, es un hecho que es una realidad y que vivimos en él y que es importante entender cómo funciona para saber cómo nos afecta.
En tu libro cuestionas a los abogados porque dices que se encierran en el ejercicio de su profesión perpetuando los tecnicismos. ¿Podríamos afirmar entonces que la democratización del derecho se dará a través de una disputa a través del lenguaje?
En gran medida sí. Es un hecho que cada disciplina y cada ciencia tiene su argot, tiene sus conceptos y, evidentemente, hay cosas que no puedes entender hasta que no comprendes qué significa cada concepto o estudias un poquito del tema. Sin embargo, en el caso del derecho, me parece que hay un lenguaje oscuro de manera innecesaria, que hay muchos obstáculos para ser comprendido, no por un tema de tecnicismos necesarios, sino más bien porque históricamente se entendió que el derecho era un conocimiento reservado para un grupo muy aristocrático. Y esto lo vemos incluso en cómo se les enseña a los abogados la manera en que deben expresarse. Pareciera que, incluso, las facultades de derecho atrofian muchas veces la capacidad de comunicación de las personas, porque les enseñan, al menos en la educación convencional, que para ser abogado tienen que hablar como abogado y eso implica tener un lenguaje oscuro o con cierta estructura que no es muy comprensible y no es muy accesible, adrede.
Entonces, a mí sí me parece que una de las primeras cosas que hay que cuestionar es cómo se comunica el derecho.
El libro se acaba de publicar en marzo pasado, cuando ya había sido aprobada la Reforma Judicial. ¿Qué opinas sobre esta Reforma? ¿Ayudará realmente a que el sistema de justicia sea más accesible y claro para la mayoría?
La misma reforma no tenía como objetivo el acceso. Se hablaba que era más una reforma para democratizar el Poder Judicial, en el sentido de permitir la participación del voto para la elección de los puestos. De esta forma, me parece que fue más una reforma de nombramiento de cargos, de elección de cargos que una reforma realmente de justicia. La justicia sigue siendo inaccesible, votemos o no por los jueces y las juezas. Empezando porque la justicia sigue dependiendo de la capacidad económica. Mientras más dinero tiene una persona, más posibilidad tiene de poder pagar el servicio de asesoría de un abogado y de un buen abogado, además. Y mientras más recursos tiene una persona, estadísticamente tiene menos riesgos de poder estar en alguna situación de tensión arbitraria o algo similar.
Por ejemplo, pensemos en cómo muchas personas pobres, racializadas, son muchas veces detenidas de manera arbitraria, únicamente porque entre comillas se les ve sospechosas, sufren procesos de perfilamiento racial por parte de policías, etcétera. Y estas personas, que pertenecen a grupos que son más proclives a sufrir ese tipo de violencias, son las que menos acceso tienen a poder pagarse una asesoría legal.
Existen abogados de oficio que son gratuitos, que los dan los poderes judiciales, pero son insuficientes en número. Son muy pocos, cada uno tiene una carga impresionante de trabajo que es imposible atenderla de manera eficiente y, por lo tanto, eso hace que sigan habiendo ese tipo de barreras. Entonces, me parece que el tema de acceder a la justicia sigue siendo una deuda en México.
La reforma generó mucho debate y detonó muchos puntos de vista. En el libro presentas una propuesta para modificar los Juzgados de Primera Instancia para que resuelvan demandas y litigios de manera eficaz. Cuéntanos un poco sobre esto.
Yo creo que democratizar la justicia no tendría que llevar a seguir hablando de la Suprema Corte de Justicia como si fuera allá donde se resuelven todos los asuntos. Lo que digo en el libro es que justamente la reforma y, en general, toda la discusión giraban mucho en torno a la Suprema Corte, y no es que el Alto Tribunal no sea importante porque sí que tiene mucho impacto en el ejercicio de los derechos en el día a día porque establece estándares y precedentes para todo el país, pero la realidad es que la aplastante mayoría de casos nunca llegan a la Suprema Corte. Pareciera que tendemos a fortalecer y a darle más atención a la Suprema Corte y de allá, progresivamente, para abajo empieza a disminuir la tensión y preocupación que le damos.
Realmente, lo más urgente son los Juzgados de Primera Instancia, los juzgados que son los primeros con los que se topan las personas.
Tú puedes modificar la Suprema Corte o los Tribunales Superiores de los Estados, pero, al final del día, lo primero con lo que se va a topar una persona que tenga algún problema o que necesite defenderse es, en el caso de materia penal, a la Fiscalía y, en todos los demás en común, al Juzgado de Primera Instancia, que muchas veces son los que tienen menos recursos, menos personal y menos capacitación.
Entonces, me parece que tenemos esta lógica muy alterada de lo que debe ser la justicia. Para mí, realmente, las discusiones de justicia y la idea de democratizar deben pensarse desde cómo es la experiencia directa de las personas, porque a la Suprema Corte no van a llegar la mayoría de ellas.
Hay un debate en el ámbito del derecho y las ciencias sociales sobre la redacción de una nueva Constitución o mantener la línea de lo que se conoce coloquialmente como la reformitis. ¿Tú cómo te acercas a este debate o confrontación de visiones?
Uno de los muchos problemas que tiene el Constitucionalismo en México es la sobreconstitucionalización. Tendemos a creer que para que algo se cumpla, y tenga realmente la importancia que se merece, lo tenemos que poner en la Constitución. Y esto hace que constantemente se esté reformando, por lo que hay muchas cosas que no deberían estar en ella, lo que hace que, de alguna manera, pierda el sentido que debería tener.
Una Constitución debe ser una especie de proyecto político a largo plazo de una sociedad, y debe plantear unos objetivos que no se van a cambiar, al menos durante un periodo considerable de tiempo, para que con base en ellos se defina todo lo demás. Es como un plan de trabajo general que sirva como hoja de ruta o como una especie de brújula, pero si se está cambiando a cada rato y se está modificando y se está poniendo absolutamente todo porque todo nos parece que por ser importante debe ir en la Constitución, pues perdemos el rumbo.
Me parece que esto de estar reformando constantemente la Constitución, que es un vicio histórico que ha habido en México desde 1917, es un problema.
En el libro desarrollas el tema del amparo y presentas cómo es una figura que con su intención original sí puede ayudar a muchas personas a defenderse, pero identificas que se distorsionó un poco su objetivo inicial. ¿Qué opinas sobre la reforma a la figura del amparo que se acaba de hacer?
Lo que a mí siempre me preocupa cuando hay una reforma a la Ley de Amparo o una reforma constitucional en materia de amparo es cómo queda el grado de protección que pueden tener las personas.
El juicio de amparo no es la panacea, no es una varita mágica, pero es una de las pocas herramientas que muchas veces tienen las personas para defenderse y, por eso, me parece que cualquier modificación que se quiera hacer tiene que hacerse con mucho cuidado y tiene que ser analizada con lupa. Se tiene que tener mucho cuidado por los efectos que puede tener en el acceso.
De por sí, el juicio de amparo sigue siendo inaccesible para muchas personas, sigue siendo muy técnico. Entonces, cualquier movimiento que restrinja un poco más la posibilidad de presentar un amparo, sobre todo en los casos de personas vulnerables, pues es un problema. Y acá no estoy diciendo que me preocupa que se afecte a millonarios y corruptos, como mucho se ha dicho. Lo que me preocupa es cuando cambios a la Ley, incluso las supuestamente motivadas para evitar ventajas de ricos y corruptos, terminan restringiendo más el acceso a la protección del resto de la población. Lo que urge es hacer más accesible el amparo para la gente más excluida, no restringirlo. Lo que me preocupa es cuando se obstaculiza el derecho a acceder a la justicia a través del amparo de manera general para todas las personas.
Una de tus líneas de trabajo de investigación y como abogada ha estado enfocada en el acceso a la vivienda y en el desarrollo de infraestructura. ¿De qué manera el derecho puede revertir las políticas públicas en torno a estos ámbitos que no contemplan los derechos de las personas?
Más que revertir, me parece que hay que entender cómo el derecho opera de manera directa en el urbanismo y en la política de vivienda. Al final del día, todo lo que tenga que ver con el Estado tiene que ver con el derecho. El derecho, de alguna manera, es lo que le da estructura al Estado.
Entonces, cuando hablamos de planificación urbana y de política de vivienda, sin lugar a duda estamos también hablando del sistema jurídico y a partir de éste podemos identificar los problemas y errores que tienen este tipo de decisiones que se hacen para garantizar derechos como la vivienda, la ciudad y otros.
¿Cómo has percibido el recibimiento de este libro? ¿Qué lecturas e interpretaciones te han llamado más la atención?
En estos más o menos seis meses que han pasado desde que salió el libro, me parece que ha generado muchas reacciones diversas, desde gente a la que le extraña el nombre, el título del libro, hasta personas que lo han valorado bastante.
Me llama mucho la atención que la mayor parte de las personas que leen los libros que he publicado no son abogadas, sino personas de distintas formaciones y orígenes, a las que les interesan los temas jurídicos. Eso me da bastante gusto, por lo que he visto en las presentaciones del libro que se han hecho hasta ahora. He podido presentar el libro unas 12 veces y en todas la mayoría del público no son abogados, sino personas interesadas por el derecho.
Este tipo de público diverso para hablar sobre un libro que es de derecho, además de comentarios, como que es muy accesible y que les sirvió mucho para entender varias cosas, me hacen sentir bien y me hacen creer que el libro está cumpliendo su objetivo.
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