Reforma electoral se somete a votación
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó en abril una iniciativa de reforma electoral con la que pretende cambiar la manera en la que se realiza el ejercicio democrático en el país.
La reforma contiene puntos que motivaron a marchar a un sector ciudadano como forma de rechazo el pasado 13 de noviembre.
El plan original propone modificaciones a la Ley Electoral como la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cambiar la cantidad de consejeros de 11 a siete, que estos mismos sean elegidos por voto popular, así como también ajustes presupuestarios para los partidos políticos, de acuerdo con el experto en Derecho y Ciencias Políticas, José Fredman Mendoza.
La propuesta contempla modificaciones a 18 artículos en la Constitución, mismos que tendrían efecto en el Poder Legislativo, además del electoral, de acuerdo con el experto en litigio Adrián González, por lo que la iniciativa terminaría por ser una “reforma de reformas”.
Mabel Cárdenas, experta en política internacional, detalla que incluso el plan B que propone el presidente, en caso de que su reforma no pase, conlleva cambios en la Constitución en leyes secundarias y explica que estas modificaciones serían sobre la manera en la que se aprueba una iniciativa. En este caso, que no requiera las dos terceras partes del Congreso, solamente la mayoría simple.
Austeridad, ¿sinónimo de recortes?
Fredman señala que la reforma electoral “es un tema sensible porque afectar a la democracia es afectar directamente a la ciudadanía”, ya que la sustitución del INE y los cambios en su estructura como la reducción de funcionarios públicos, la manera en la que son electos y la implementación del voto electrónico, tendrían un efecto directo en la vida electoral de los ciudadanos.
Según el académico, la esencia de la reforma electoral es la austeridad, pero matiza sobre esta palabra al afirmar que este concepto no va de la mano con suprimir organismos, pues lo que propone el presidente es eliminar los Organismos Públicos Electorales (OPL), que son las instancias que organizan las elecciones en cada estado de la república.
Samuel Hiram Ramírez, experto en derecho electoral y maestro de la UDEM, coincide sobre este punto, pues cataloga como “primordiales” el tema del ahorro y la centralización como resultado de la eliminación de los OPL.
Además, sugiere que el ahorro puede bajar la calidad de la democracia al suprimir los OPL y reducir funcionarios públicos, ya que daría al INE más facultades y por ende, podría ser dotado de más trabajo, lo que generaría un mayor gasto en el órgano electoral y el dinero que se guardó, se tendría que reinvertir, lo que causaría una centralización del poder, algo que va contra el discurso de la descentralización del presidente.
Los expertos coinciden en que ahorrar en personal al modificar la cantidad de 500 a 300 diputados, al eliminar plurinominales y también reducir el número de senadores de 128 a 96, es un tema de cuidado pues afecta la proporcionalidad y pluralismo en el congreso.
Fredman enfatiza sobre este último punto al decir que “en un país donde los políticos son inexplicablemente millonarios, la austeridad es buena, el ahorro es importante, pero no tiene que poner en riesgo aspectos tan importantes como la representatividad”, ya que menciona que 96 senadores romperían la paridad de género que ha formado parte de la retórica del presidente y de su partido durante el sexenio.
“La mejor manera de reformar la democracia es cuando reformas a los partidos políticos. Hoy por hoy se utilizan como empresas familiares, ya que reciben cantidades millonarias de financiamiento”, aseguró Fredman.
En cuanto a la propuesta de que los consejeros electorales sean electos por voto popular, Los cuatro expertos coinciden en que la propuesta generaría una polarización en la ciudadanía que podría beneficiar al partido en el gobierno.
La reforma electoral, intuyen, no pasará y el presidente utilizará su plan B, que consiste modificar las leyes secundarias en materia electoral en la Constitución y posponer la votación.