México rechaza medidas antimigrantes de Texas
Por: Agencia Informativa UDEM
El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó este jueves la aprobación de la ley antimigrante, conocida como SB4, que aprobó el Congreso de Texas y que convierte la inmigración ilegal en un delito penalizado con arresto y expulsión de los migrantes hacia México.
La Cámara de Representantes de Texas aprobó este miércoles dos iniciativas de ley para frenar la entrada de migrantes ilegales a ese Estado que incluyen la construcción de un muro fronterizo y el arresto, penalización y expulsión a México de las personas que ingresen sin autorización, informaron medios internacionales.
El primer proyecto de ley se conoce como SB3 y mediante éste Texas asigna mil 500 millones de dólares para construir un muro fronterizo.
La segunda iniciativa, la SB4, crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a Texas y le otorga a la policía local el poder de arrestar a los inmigrantes y a los jueces la libertad de penalizarlos, condenarlos y emitir órdenes para expulsarlos de vuelta a México, según informó CNN en Español.
La SB3 y la SB4 se están tramitando y aprobando rápidamente en el Legislativo de Texas. Las dos iniciativas se introdujeron la semana pasada al Congreso y se les está dando trámite express a petición del Gobernador Greg Abbott que hizo un llamado urgente para reforzar la seguridad fronteriza.
Aunque México reconoce el derecho soberano que tiene Estados Unidos de decidir sobre las políticas dentro de su territorio, afirma que estas leyes «pretenden detener el flujo de personas migrantes, mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales”.
«El Gobierno de México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, indicó la Cancillería mexicana a través de un comunicado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó la importancia de que estas políticas migratorias sean el resultado de un trabajo conjunto con Estados Unidos para lograr avances en esta materia sin afectar a los migrantes.
“(El trabajo conjunto es necesario) para buscar que la migración suceda de manera ordenada, segura, regular y con respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad”, afirmó la Cancillería.
A México también le preocupa que estas leyes desencadenen una ola de odio y discrimanación hacia los nacionales que residen en ese Estado.
“México expresa además su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes», sostuvo la SRE.
«Además, el Gobierno de México reitera su rechazo a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso”, agregó la dependencia.
A raíz de esto, la Cancillería anunció que redoblará sus acciones para proteger a los mexicanos que residen en Texas a través de jornadas informativas para explicarles los alcances y posibles consecuencias de las medidas aprobadas, la impresión y distribución de material preventivo, el reforzamiento de la campaña “Conoce y ejerce tus derechos” y el ofrecimiento de asesoría legal y migratoria gratuita.
Además de México, las dos iniciativas han levantado críticas de varios sectores, que afirman que estas leyes podrían costarle millones de dólares a los texanos para construir el muro y financiar la operación de cárceles.
El debate entre los mismos legisladores durante la aprobación de las leyes evidenció que los texanos podrían pagar entre 20 y 30 millones de dólares por milla de barda construida.
Texas comparte frontera con los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y abarca casi mil 500 kilómetros de línea limítrofe.
Más allá de los costos, los expertos y críticos rechazan la discriminación racial de los latinos en el estado que provocará la aplicación de estas leyes, de las cuales la SB4 ya fue remitida al Gobernador Abbot para su aprobación.
Algunos de los opositores a estas leyes son los miembros demócratas de la Cámara, quienes afirman que son inconstitucionales, pues estos poderes en materia migratoria los tiene el Gobierno federal y no el estatal.
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