Conciertos: el nuevo gran privilegio
En 1993, durante una entrevista de MTV a los integrantes de Nirvana —grupo pionero del subgénero grunge—, un periodista, fuera del cuadro de transmisión, les preguntó su opinión acerca de los artistas que cobraban —o quizá deba decir «cobran»— 75 dólares de la época por un boleto para sus conciertos; es decir, unos 3 mil pesos si trasladamos esa cantidad al valor actual de la moneda de nuestro país. Kurt Cobain, leyenda y vocalista de la banda, preguntó asombrado si en verdad había gente que cobraba tanto.
Si aún viviera, ¿qué pensaría Kurt Cobain de los conciertos cuyas entradas alcanzan precios de hasta 30 mil pesos? Comparto algunos ejemplos: en mayo del año en curso, para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, los precios oscilaron entre los mil 767 y los 13 mil 330 pesos. Estas cifras, por cierto, correspondían a la categoría de «boletos económicos», ya que los paquetes VIP alcanzaron precios de hasta 27 mil 338 pesos, como ocurrió con el concierto de Bad Bunny en diciembre de 2025. Admitamos que, en este contexto, una entrada de 3 mil pesos para ver a Madonna sería una ganga.
Los elevadísimos precios que impone la industria actual de los conciertos responden, en buena medida, a la falta de competencia. Ticketmaster y su empresa matriz, Live Nation, acaparan prácticamente todo el mercado. Han consolidado un monopolio que ha convertido la industria en una experiencia repleta de malos tratos y quejas reiteradas por parte de los consumidores. Desde 2010, tras la fusión de ambas empresas, los precios de los boletos en Estados Unidos se han disparado año tras año y, a pesar de las comparecencias ante el Congreso y de los intentos por frenar su incremento, los reclamos han caído en oídos sordos. Ante la falta de opciones, la gente continúa asistiendo a los conciertos.
La ambición de estas empresas no se detuvo en Estados Unidos. En México, Ticketmaster también ha consolidado, gracias a sus convenios con Ocesa y Banamex, un dominio indiscutible del mercado. En 2023, esta alianza concentró el 90 % de los eventos en vivo a nivel nacional, de acuerdo con un comunicado publicado por Citibanamex. Esto incluye la asociación exclusiva con algunos de los recintos más grandes del país y los acuerdos con artistas de talla global.
Además, a partir de julio de 2025, Live Nation adquirió acciones adicionales de Ocesa, de modo que ahora posee el 75 % de la compañía. Tras estos hecho, no luce como una coincidencia que las tarifas de servicio hayan aumentado a partir de ese momento y que ahora representen hasta el 24 % del costo de un boleto. Pero, ante todo esto, ¿dónde queda la regulación gubernamental?
En diciembre de 2022, hubo un intento de poner fin a esta situación, cuando la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emprendió acciones contra Ticketmaster, Banamex y Ocesa por múltiples incumplimientos, entre ellos la cancelación injustificada de boletos, la falta de reembolsos y las prácticas anticompetitivas contra otras empresas. No obstante, al final este procedimiento fue poco más que una palmada en la espalda y una devolución de dinero que, para muchos de los consumidores afectados, ni siquiera incluía las tarifas de servicio.
Independientemente de que seas aficionado a los conciertos o no, es innegable la importancia de estos eventos como espacios de intercambio cultural, artístico y humano. Pero ¿qué tan efectivo puede ser ese intercambio cuando el costo de los boletos es tan elevado que solo un porcentaje reducido de la población puede acceder a ellos? Cada año que pasa nos acostumbramos más a la idea de que asistir a conciertos es un privilegio reservado para las clases sociales acomodadas: una suerte de eventos para ricos, o bien un lujo que el resto –a costa de adquirir deudas– solo puede darse muy de vez en cuando.
Por si fuera poco, hay una parte significativa de la población que, al paso que va este asunto, muy pronto no podrá asistir a un concierto ni siquiera endeudándose. Aunque, a estas alturas, es muy probable que esa línea haya sido sobrepasada hace tiempo. La brecha se vuelve cada vez más grande y, por lo tanto, estos eventos dejan de ser espacios de intercambio entre distintas culturas y géneros para convertirse en espacios de homogeneización.
Esta centralización de la cultura no es propositiva: es limitante y nos priva de una herramienta poderosa para expresarnos y conectar con otras personas. La respuesta fácil a esta problemática es la de aquellos que piden no quejarse: basta con no asistir al concierto, y punto., pero esta postura ignora el derecho a la cultura. ¿Qué habría sido del curso de la historia si un acontecimiento como Woodstock hubiera estado reservado para unos cuantos? Quizá el mundo sería peor o mejor; eso no lo sabemos. La verdadera tragedia es que esa decisión ya no esté en manos de las audiencias, sino de un monopolio gigantesco. Y, si las instancias gubernamentales permanecen de brazos cruzados, ¿hasta qué punto veremos limitada la expresión cultural?
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