A pesar de tantas reformas y adecuaciones a las leyes, el acceso a la justicia para muchas personas, especialmente para las de menores recursos o pertenecientes a grupos minoritarios, sigue siendo un tema pendiente en México, dice Carla Escoffié, abogada especializada en derechos humanos, quien cuestiona las maneras que existen para llevar procesos judiciales en el país, pues para hacerlo se necesita pagar un abogado, la mayoría de las veces costoso, o acudir a uno proporcionado por el Estado, cuyo servicio puede no ser el mejor por la carga de trabajo que tienen estos profesionales.